Ambas empresas del consorcio son inubicables. Los periodistas comprobaron que las direcciones consignadas en SUNAT y sus páginas oficiales no corresponden a sedes operativas reales. Además, Estremadoyro y Fassioli registra una deuda coactiva de más de 168 mil soles y aparece como responsable de una obra paralizada en Arequipa.

Su socio principal, Green Summit, fue constituido en 2023 con un capital aparente de 850 millones de soles, sustentado en un bono de reconstrucción de 1983. Especialistas en contratación pública advirtieron que este tipo de títulos “no representan dinero en efectivo”, pero permiten a empresas sin liquidez aparentar solvencia para adjudicarse contratos estatales.

La investigación llevó al empresario José Luis Luna Latorre (vendedor de empresas), quien dijo haber transferido la empresa por 3 mil soles. El nuevo titular, Jhonatan Artica, un huancaíno de 35 años sin grado académico registrado en SUNEDU, es ahora el representante del consorcio. Artica no atiende entrevistas ni responde comunicaciones.

El vendedor de la empresa reconoció que existe un mercado de compañías “de papel”, que se venden con bonos sin respaldo para sortear las exigencias del Estado y ganar licitaciones. “Yo puedo vender una empresa que no sirve, eso es legal”, afirmó.

Mientras en Chalhuanca los trabajos están detenidos y las promesas presidenciales se diluyen, las empresas beneficiadas por el millonario contrato no dan la cara y detrás de las adjudicaciones, se repite un patrón de conexiones cuestionadas, deuda pública y falta de experiencia. Todo parece ser que el hospital que debía servir a más de 11 mil ciudadanos en Apurímac quedará solo en promesas, tal como ocurre con el COAR Apurímac.