En concreto, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, en los últimos diez años ha recibido más de 5 700 reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculadas a la minería ilegal, lo que representa movimientos económicos por 22 800 millones de dólares.
Ese dinero se lava a través del uso excesivo de dinero en efectivo para, entre otras cosas, la adquisición de inmuebles y vehículos por medio de testaferros. En estos casos, es necesario que las entidades vinculadas intensifiquen la aplicación de sus controles y reporten inmediatamente a la UIF si detectan este tipo de transacciones.
De acuerdo con datos de la SBS, la minería ilegal es la tercera actividad que más alertas genera y presenta el segundo mayor monto reportado de operaciones sospechosas.
Además, entre enero de 2015 y setiembre de 2025, la UIF recibió 63 reportes sobre tala ilegal, por 136 millones de dólares, y 31 reportes por tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, por casi 5 millones de dólares.
Según el analista principal de Inteligencia Operativa de la UIF, Diego Ulloa, si bien esta entidad no persigue los delitos directamente, sí desarrolla estrategias para detectarlos: comprueba el valor de las exportaciones con las transferencias del exterior, los consignatarios de las exportaciones con los ordenantes de transferencias y el perfil económico de las empresas involucradas, entre otros.
Sin embargo, la principal dificultad para identificar estos delitos es que los productos derivados de ellos son exportados de manera legal. “Si vamos a un puerto, a una frontera o a un aeropuerto, estos productos se van con papeles. Es difícil poder determinar el origen ilícito”, señaló Ulloa.
