“El daño es tal que no se puede hablar de formalización cuando se trata de operaciones en cabeceras de cuenca o fuentes hídricas, donde la minería está prohibida por ley. La minería ilegal disfrazada de informalidad es una amenaza directa para la sostenibilidad del país”, expuso Pinto.

Eso coincide con lo señalado por la lideresa indígena Teresita Irene Antazú López, del pueblo Yanesha, quien advirtió que los habitantes de las comunidades de Madre de Dios tienen que caminar una hora para encontrar agua limpia, porque los ríos están contaminados con mercurio.

“Los mineros ilegales envenenan el agua y los peces. La gente ya no puede bañarse, porque la piel se les llena de ronchas”, contó Teresita en un seminario de hace tres semanas. En ese evento también se señaló que alrededor de cuatro millones de personas podrían ver comprometido su acceso al agua.

Y si de bosques destruidos hablamos, Pinto recordó que hasta 2014 se habían perdido alrededor de 100 mil hectáreas a causa de las actividades de minería ilegal. Sus efectos —dijo— son irreversibles cuando se contamina el agua y se destruye la Amazonía, pero además afectan directamente a la agricultura, la pesca y la biodiversidad.

La postura del funcionario se contrapone, por lo menos en el discurso, a las propuestas del predictamen de la nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) del Congreso.

Algunos artículos de esta norma facilitarían la minería en cuerpos de agua. Para ser más precisos, si la ley se aprueba como está planteada permitirá, por ejemplo, la formalización de operaciones en yacimientos ubicados en cauces, terrazas o abanicos aluviales; operaciones de minería aluvial o extracción de materiales acumulados en álveos o cauces de ríos; además de la posibilidad de formalizar actividades en zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas.

Pinto también señaló que el Gobierno aprobó una estrategia nacional contra la minería ilegal, con seis objetivos prioritarios: fortalecer la fiscalización, reducir la comercialización de minerales de origen ilícito, mejorar la coordinación institucional y sancionar al crimen organizado que se beneficia de esta actividad.

La minería ilegal, además de ser una amenaza ambiental, también atenta contra la salud pública porque compromete el acceso al agua segura de miles de peruanos. Mientras se discuten normas que podrían abrirle más espacio a esta actividad ilícita, expertos y líderes indígenas coinciden en que no se puede hablar de formalización donde hay destrucción.