Entre los objetivos de la iniciativa figuraban evaluar el accionar de las fuerzas del orden y las instituciones involucradas, contribuir al esclarecimiento de los hechos, determinar responsabilidades y promover medidas de reparación para las víctimas, así como garantías de no repetición. Los registros oficiales de la Defensoría del Pueblo contabilizan 66 fallecidos, mientras que otros reportes y debates políticos hacen referencia a cifras que alcanzan entre 70 y 80 víctimas.
El rechazo de la propuesta genera cuestionamientos hacia los sectores parlamentarios que votaron en contra (Fuerza Popular, Renovación Popular y Buen Gobierno), particularmente desde las posiciones políticas que exigen esclarecer las responsabilidades por la represión durante el gobierno de Dina Boluarte. En Apurímac, la herida persiste por las muertes de siete ciudadanos de la región durante las protestas, en su mayoría menores de edad, casos que familiares y sectores sociales continúan demandando que no queden en el olvido.
Con esta votación, la iniciativa del senador Andrés Ramos Huillcas no logró avanzar en el Senado, dejando nuevamente en debate la necesidad de establecer mecanismos parlamentarios que permitan esclarecer lo ocurrido, garantizar justicia para las víctimas y evitar que hechos similares se repitan en el país.
