Tres zonas, un mismo patrón. Se estima que más de 49 mil personas son víctimas de explotación laboral solo en estas tres zonas. La investigación identificó un mismo patrón en los distintos territorios: la violencia se convierte en mecanismo que permite sostener la actividad y reducir costos. A más de 5.000 metros de altitud, La Rinconada es descrita por los propios mineros como un lugar donde la vida vale poco. Allí, el sistema de “cachorreo” obliga a los trabajadores a pasar semanas sin recibir un salario, con la esperanza de encontrar mineral y obtener una ganancia. Se estima que ahí se producen entre 20 y 25 homicidios al año, varios relacionados con disputas por el control de las bocaminas. En Atico, de acuerdo con el estudio, se registran entre 15 y 20 homicidios al año, muchos vinculados a enfrentamientos armados por el control del territorio. Su ubicación la convierte en zona de paso para el traslado del mineral y espacio para extorsionadores. En Pataz, en la sierra norte, la investigación calcula entre 18 y 25 homicidios anuales y reporta asesinatos cometidos dentro de los socavones, además de secuestros, extorsiones y amenazas. Las organizaciones criminales buscan controlar las rutas por las que sale el mineral. En los tres casos, los trabajadores ingresan a socavones sin contrato ni seguro, expuestos a sustancias peligrosas y a derrumbes. Muchos, además, son reclutados con engaños. Según Zevallos, quienes trabajan u operan allí deben pagar “cupos” o “derechos de anclaje” a grupos armados para evitar que los maten o les quiten el mineral. El estudio no identificó una sola organización criminal controlando todo. Zevallos señaló que encontraron seis tipos de actores: grandes organizaciones criminales; grupos que controlan socavones, rutas y negocios; proveedores de insumos y servicios; grupos armados que ofrecen seguridad; y bandas que aparecen ocasionalmente.
Las víctimas. Los hombres jóvenes y adultos migrantes, de entre 18 y 50 años, son uno de los grupos más expuestos. Muchos llegan desde zonas pobres en busca de ingresos y terminan en los trabajos más peligrosos. “Este trabajador no le puede reclamar a nadie”, dijo Zevallos. Las mujeres y las menores de edad también están expuestas a redes de explotación sexual, que operan en prostíbulos, bares y hoteles. El investigador calculó que unas 1.200 mujeres serían explotadas sexualmente en las tres zonas estudiadas. La explotación infantil en minas no legales y establecimientos vinculados a esta actividad ilícita es otro problema, mientras que las comunidades sufren por la extorsión.
“Este es un fragmento de lo que está ocurriendo”, advirtió Zevallos. Para el investigador, una causa de esta situación es el fracaso del proceso de formalización minera y las ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), porque permitieron que operadores ilegales sigan trabajando bajo una apariencia de legalidad.
