El estudio señala que entre 2015 y 2024, se dejaron sin ejecutar 43 500 millones de soles de canon y regalías. Con ese dinero se habrían podido construir 553 Escuelas Bicentenario, 8 700 centros de salud de primer nivel o financiar programas sociales como Pensión 65 y Juntos. Pero a la incapacidad de gasto y la corrupción se suma un problema mayor: la evasión tributaria de la minería ilegal. Según el Ministerio de Energía y Minas, solo en 2025 los gobiernos subnacionales dejarán de percibir 2 600 millones de soles por canon minero debido a que los operadores ilegales no pagan impuestos. Puno perderá 460 millones, Arequipa 450 millones, Madre de Dios 240 millones, Apurímac 213 millones, La Libertad 215 millones y Ayacucho 160 millones.
Eso quiere decir que las regiones están perdiendo recursos por partida doble. Primero, porque no logran gastar con eficiencia lo que reciben de la minería formal y lo desperdician en actos de corrupción. Segundo, porque dejan de percibir lo que debería ingresar si la actividad ilegal pagara impuestos. Son miles de millones que se pierden, mientras los ciudadanos esperan hospitales equipados, colegios seguros y carreteras transitables.
