El incendio de mayor magnitud se registró desde la madrugada del viernes 16 de octubre y se prolongó hasta la mañana del sábado 17, dejando, según reportes preliminares, más de 40 hectáreas afectadas y tres viviendas dañadas. La emergencia demandó la intervención de los bomberos voluntarios de Abancay y Tamburco, efectivos de la Policía Nacional del Perú, brigadistas de Defensa Civil y vecinos de las zonas afectadas, quienes trabajaron arduamente para controlar las llamas. Sin embargo, el peligro no terminó allí: durante la mañana del sábado se reportó otro incendio en el barrio de Condebamba, que amenazó las viviendas del pasaje Huanacaure, pero la rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió contener el fuego y evitar que alcanzara más inmuebles.

Horas después, otro incendio se registró en el sector de Ayaorcco, próximo a Asillo y Llañucancha, donde bomberos, policías y pobladores trabajaron hasta aproximadamente las 2:00 de la madrugada del domingo 18 de octubre. Ese mismo sábado, por la tarde, se reportó otro foco de fuego en la zona de Limapata, sector Casablanca, que pudo ser contenido gracias a la inmediata intervención de los bomberos. La emergencia volvió a encender las alarmas al mediodía del domingo, cuando se desató un incendio en el sector de Ccacsa, próximo a la comunidad de Trujipata. Según los reportes de los propios pobladores, las llamas alcanzaban varios metros de altura y amenazaban con llegar a las viviendas, generando el temor de que se produjeran víctimas mortales.

Frente a esta sucesión de emergencias, preocupa que no existan responsables identificados ni información clara sobre las circunstancias en las que comenzaron los incendios. La falta de denuncias y de testimonios que permitan reconstruir los hechos dificulta las investigaciones, aunque no constituye motivo para descartarlas. Las autoridades competentes deben actuar de oficio cuando corresponda, recoger evidencias, determinar las causas de cada siniestro e identificar a quienes resulten responsables si se confirma que fueron provocados intencionalmente. No basta con movilizar personal para apagar las llamas exponiéndose a múltiples riesgos, también se necesita una investigación seria y transparente, así como la aplicación de las sanciones que establece la ley. De lo contrario, la impunidad podría favorecer la repetición de estas tragedias en los próximos años.

Asimismo, resulta urgente fortalecer la capacidad operativa y la implementación de las compañías de bomberos voluntarios de Abancay y Tamburco, cuyo trabajo vuelve a demostrar su importancia para proteger a la población y el patrimonio natural. Merece un reconocimiento especial el esfuerzo de los bomberos que, durante estas emergencias, sufrieron episodios de asfixia y quemaduras mientras combatían el fuego. Sin embargo, el reconocimiento no debe quedarse únicamente en felicitaciones, debe traducirse en equipos adecuados, recursos, protección y mejores condiciones para responder a futuras emergencias. Las autoridades actuales y las que asumirán próximamente tienen la responsabilidad de priorizar esta necesidad, pero también de impulsar investigaciones que permitan esclarecer los incendios. Abancay no puede acostumbrarse a perder sus bosques, cultivos y viviendas sin que se conozca la verdad ni se determinen las responsabilidades correspondientes.