La Ley N.° 32581, publicada en abril de 2026, establece que los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial deben recibir una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial. La norma comprende a docentes de educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva, incluidos determinados pensionistas de los regímenes de los Decretos Ley N.° 19990 y N.° 20530, la Ley N.° 29944 y afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

Uno de los principales reclamos de los manifestantes está relacionado con la falta de reglamentación, debido a que este instrumento resulta necesario para establecer los procedimientos y mecanismos concretos para la aplicación de la norma. La propia Ley 32581 dispuso que el Poder Ejecutivo aprobara su reglamento en un plazo de 90 días calendario desde su entrada en vigor. En este contexto, los dirigentes cuestionan la demora y señalan al Ministerio de Economía y Finanzas como una de las entidades que debe priorizar la implementación de la ley. Asimismo, sostienen que las observaciones y cuestionamientos formulados desde el ámbito económico vienen dificultando el avance del proceso; entre ellos mencionan la posición del Colegio de Economistas de Lima.

La preocupación de los docentes cesantes es porque la pensión que perciben actualmente repercute directamente en la capacidad de una persona adulta mayor para cubrir alimentación, vivienda, servicios básicos, medicamentos, atención médica y otras necesidades cotidianas. Precisamente, el objetivo declarado de la Ley 32581 es que los maestros jubilados y cesantes cuenten con ingresos que les permitan cubrir sus necesidades básicas y mantener un nivel de vida digno, como reconocimiento a su trayectoria en el sistema educativo.

Para los docentes movilizados, la demora en hacer efectiva esta disposición prolonga una situación económica que consideran injusta después de décadas de dedicación profesional a la formación de generaciones de estudiantes. Durante la jornada de protesta, el presidente de la Asociación Regional de Cesantes y Jubilados de Educación de Apurímac, Anacleto Ponce Soto, demandó al Gobierno y al Ministerio de Economía y Finanzas otorgar prioridad a la reglamentación de la Ley 32581 y hacer efectivo el beneficio establecido por el Congreso. Los jubilados anunciaron que continuarán organizados y en pie de lucha hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades. Su pedido se suma a otras expresiones de preocupación registradas en distintas regiones del país respecto a la implementación de la norma.

Así, las calles de Abancay volvieron a convertirse en escenario de una demanda que coloca en el centro del debate la protección social y las condiciones de vida de quienes dedicaron buena parte de su existencia al servicio de la educación peruana.