Asimismo, encabezó la actividad el Dr. José Alberto Tinco Luján, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, junto a magistrados, especialistas y funcionarios que integran el sistema de justicia de familia en la región.
Durante la reunión se abordaron tres puntos centrales: El estado situacional de los órganos jurisdiccionales y del equipo multidisciplinario, la evaluación del nivel de producción e indicadores de celeridad procesal y el avance en la ejecución del presupuesto asignado al PP0067.
PRINCIPALES HALLAZGOS Y ASPECTOS EVALUADOS
La Dra. Velorio Villafuerte presentó los resultados del monitoreo, destacando tanto las fortalezas como los retos persistentes en la atención de los casos de familia. Entre los principales hallazgos figuran:
Buenas prácticas en la tramitación de procesos de tenencia y régimen de visitas en ejecución, con intervenciones activas por parte de los jueces para asegurar el cumplimiento efectivo de las sentencias.
En cuanto al rendimiento, los órganos jurisdiccionales especializados en familia reportaron un promedio de avance del 70% en su producción judicial, destacando el Juzgado de Familia de Challhuahuacho con un 82%.
Respecto a los indicadores de celeridad, se observó un tiempo promedio de resolución de 122 a 150 días hábiles en procesos de familia civil, y entre 7 a 20 días calendario en casos de violencia familiar, dependiendo del órgano jurisdiccional.
Por otro lado, la ejecución presupuestal del Programa Presupuestal 0067 alcanzó el 73.23% al 18 de septiembre, con un devengado de S/. 2,492,178 del PIM de S/. 3,402,906. Se informó que parte del saldo será destinado a la adecuación de la Cámara Gesell y otras mejoras de infraestructura.
ACUERDOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES
Al término de la reunión, se establecieron diversos compromisos orientados a superar las brechas identificadas y a fortalecer la especialidad de familia en la región. Entre ellos:
Reforzar la coordinación con la Defensoría Pública, centros de salud y el Gobierno Regional para garantizar una atención oportuna e integral en los casos judicializados.
Ejecutar acciones urgentes ante el cierre del CAR de Abancay, incluyendo la gestión de alternativas de acogida y la ampliación de la competencia de la Unidad de Protección Especial (UPE).
Optimizar la distribución de la carga de trabajo en el equipo multidisciplinario, e implementar el Sistema de Gestión de Equipos Multidisciplinarios (SIGEM).
Promover el uso de buenas prácticas jurisdiccionales y respetar la normativa vigente, especialmente en la emisión de medidas de protección en casos de violencia familiar.
Implementar un Proyecto Piloto de Oralidad en procesos de Tenencia y Régimen de Visitas, con el fin de mejorar la celeridad y la calidad del servicio de justicia.
El Programa Presupuestal 0067 se comprometió, además, a brindar soporte técnico permanente, dar seguimiento a los avances y requerimientos de la Corte, e impulsar mejoras sostenibles en la gestión judicial.
La jornada culminó al mediodía con la firma del acta respectiva por parte de los participantes, reafirmando el compromiso institucional por brindar una justicia oportuna, eficiente y centrada en la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.